España fue el principal beneficiado por las ayudas, y también el más perjudicado por la crisis (los pérdidas se cuantificaron en más de € 200 millones). La UE concedió a España € 71 millones de los € 227 que repartió entre todos los países afectados, lo que ocasionó un enorme malestar.
Luego de la aprobación de las ayudas y el compromiso con fechas límites de entrega a los agricultores, Bruselas ha decidido multar a España por el retraso de la Administración en el pago de las ayudas por la crisis del pepino, lo que se ha entendido como un «doble castigo» para el agricultor.
Los retrasos y las multas
No se conocen los motivos por los que España y, en concreto la Junta de Andalucía, comunidad autónoma más afectada, o la de Extremadura han retrasado los pagos a los agricultores, aunque se baraja la hipótesis de que las peticiones de indemnización no se presentaron en el plazo previsto o que los agricultores no aportaron pruebas suficientes de las pérdidas reclamadas.
De esta forma, todos los pagos a partir del 15 de octubre se consideran tardíos y serán penalizados en función del retraso. Así, la UE detraerá un 10% de la ayuda asignada a la Administración española de los pagos efectuados entre el mediados de noviembre y mediados de diciembre. A partir del 15 de diciembre se descontará un 25% y entre mediados del enero y febrero próximo sufrirán una multa del 50%.
Un sector muy golpeado
«Una vez que se pierde la confianza en el mercado, es muy difícil volver a recuperarla porque al consumidor le quedan dudas, y más cuando se trata de alimentos, así que después se han generado otras crisis en cadena, como la del melocotón, y más tarde cayeron los mercados para el melón, la sandía, la patata...» declaró José Ugarrio, técnico de frutas y hortalizas de la organización de agricultores Asaja.
La bacteria «asesina» no sólo hizo estragos en su momento, sino que también ha traído ahora secuelas económicas impensables para los agricultores y ha generado una crisis en cadena para otros productos hortofrutícolas españoles, que se han convertidos en víctimas directas de la E.coli. La UE exige a España seriedad y rápidez bajo amenaza de castigo.
Lamentablemente quizás ante estas amenazas las gestiones pueden agilizarse. Una crisis con réplicas y más afectados.
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