Un delito de finales del siglo XX
Trece directivos fueron condenados por la sobreproducción de azúcar que se trató de ocultar mediante movimientos ficticios entre fábricas de las antiguas sociedades Ebro Agrícolas y Azucarera de España y la compañía resultante de la fusión de ambas, durante las campañas azucareras llevadas a cabo entre 1996 y 1999.
Condenados en 2005
La Audiencia Nacional condenó en febrero de 2005 a 13 directivos de Azucarera Ebro a penas de entre un año y nueve meses y nueve años y nueve meses por delitos contra la Hacienda de la Comunidad Europea y falsedad en documento público y mercantil. El fraude ascendió a € 27 millones.
Guillermo D'Aubarede Paya y Fernando Pérez Lope fueron condenados por el Supremo en 2005 como autores y cooperadores necesarios de varios delitos contra la Hacienda europea con penas que oscilaban entre 6 meses y 23 meses de prisión y multas que superaban los € 14 millones para cada uno.
El indulto en 2011
La compañía recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo. En 2010 el Tribunal Supremo rebajó las penas de prisión manteniendo las multas millonarias.
Ya sin poder volver a recurrir ante los tribunales, Azucarera presionó al gobierno español, que en el Consejo de Ministros del 18 de noviembre concedió el indulto a petición del ministro de Justicia, Francisco Caamaño y atendiendo los informes del Trbunal que emitió sentencia y del Ministerio Fiscal.
En el Real Decreto de 18 de noviembre por el que se indulta a Pérez López y a D'Aubarede Pay el Ministerio de Justicia señala que conmuta todas las penas privativas de libertad "por otra única de dos años de prisión" y conmuta las multas, que superaban los € 10 millones, por una única de € 79.000.
Indultos de fin de legislatura
Ya en los estertores de su mandato, el Gobierno de Rodriguez Zapatero ha decidido indultar a altos directivos de la banca y de la industria alimentaria por graves delitos que ya habían sido juzgados.
El sabor que queda ante la opinión pública no es el mejor, sobre todo en esta época de crisis, al ver que los delitos económicos quedan impunes, sembrando desconfianza en el sistema judicial y de gobierno.
