Los operarios fueron recibiendo escaladamente telegramas en los que se les anunciaba su despido. Al ver que cada día se sumaban más y más decidieron bloquear el ingreso en señal de protesta.

Desde entonces, el delegado del Sindicato Único de Trabajadores de Aguas y Gaseosas (SUTIAGA) comenzó a elaborar un acuerdo con los operarios que terminó el día jueves 14 de junio.

Unas de cal y otras de arena

En las negociaciones entre trabajadores y sindicato se determinó que se reincorporarían a la planta 28 operarios y los restantes serían indemnizados y se les pagaría un mes más de trabajo. Doce de estos trabajadores serían reubicados en las plantas de Salta y Tucumán.

El delegado de SUTIAGA dijo mostrarse medianamente feliz, pues no lograron recuperar la totalidad de los puestos de trabajo, y la decisión sobre quiénes se quedan y quiénes se van las tomaría la empresa. Los despidos se realizaron de manera legal, así que el hecho de recuperar al menos 28 puestos de trabajo fue una victoria.

Eventualmente se llegaría a un acuerdo con la empresa para lograr incorporar en otros oficios relacionados con la planta a los trabajadores que quedaron por fuera. En esferas más altas de la planta, otros 15 trabajadores fueron despedidos, con lo cual los despidos iniciales sumarían 80.

El gobierno con las manos atadas

El gobierno estuvo al tanto de esta situación y manifestó que entendía los motivos estratégicos de la empresa con estos despidos, pero que “no los compartía”.

En una emisión de Radio Vallejo, Ángel Mercado, el ministro de Producción de la Provincia, dijo que este problema se había hablado con el gobierno nacional, pues en mayo hubo una reunión entre Arca, la empresa propietaria de Salta Refrescos, y la Ministra Débora Giorgi.

El gobierno no pudo hacer nada porque los argumentos alegados por Arca no tenían que ver con producción, calidad, o conflictividad, sino de relocalización del embotellado, un ámbito en el que el gobierno no puede hacer operativo ningún argumento a favor de los empleados